VALENCIA (ESTADO CARABOBO) – En lo que califica como uno de los episodios de mayor gravedad e indignación en el sistema judicial de la región, ha salido a la luz pública una presunta red de favores y complicidad procesal que involucra directamente al Tribunal de Control 6 del estado Carabobo, a cargo de la jueza Maxgliz Lizarazo, y que salpica a altas instancias de la Sala Penal.
De acuerdo con las denuncias presentadas por los afectados, el tribunal otorgó una polémica e inexplicable medida cautelar sustitutiva al ciudadano Ramón Alcides Herrera Osorio (C.I. 14.383.488), imputado en el expediente número 2026-0G38 por la presunta comisión de una estafa que supera el millón de dólares y que afecta el patrimonio de múltiples personas.
Conexión directa y presuntas directrices
Fuentes cercanas al caso y las propias víctimas afirman que esta decisión no fue un hecho aislado, sino la ejecución de directrices emanadas presuntamente por el coordinador de la Sala Penal, Manuel Marrero, giradas de forma expresa hacia el tribunal en Carabobo. La jueza Lizarazo habría procedido a otorgar el beneficio procesal en tiempo récord, desestimando la gravedad del delito, el monto defraudado y el evidente riesgo de sustracción de la justicia.
Alerta máxima ante inminente riesgo de fuga
La indignación de los afectados se centra en el altísimo riesgo de que esta medida cautelar sirva exclusivamente para facilitar la fuga y evasión de la justicia por parte del imputado, dejando a las víctimas sin posibilidad alguna de resarcir los cuantiosos daños económicos provocados.
«Estamos ante un atropello ffagrante contra el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Mientras a las víctimas se les cierran las puertas y se les ignora, a los responsables de desfalcos millonarios se les otorgan beneficios para que puedan burlar la ley», manifestaron portavoces de los afectados.
Historial de quejas y parálisis institucional
Lejos de enfrentar investigaciones o medidas disciplinarias por su proceder, la jueza Maxgliz Lizarazo continúa en el pleno ejercicio de sus funciones en el Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, acumulando quejas y reclamos de usuarios que acuden a diario en búsqueda de una administración de justicia transparente e imparcial.
Las víctimas y la opinión pública exigen la intervención inmediata de la Inspectoría General de Tribunales y del Ministerio Público, instando a que se revoque de inmediato la medida otorgada, se audite el expediente 2026-0938 y se determinen las responsabilidades penales y administrativas a las que haya lugar para evitar que la impunidad se imponga en este caso.
Contacto de Prensa / Colectivo de Afectados:
Seguimiento del Caso: Expediente N° 202c-0S38
Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo